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| Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE | 
Once países de la UE han legislado por la paridad en las empresas con normas poco severas.
Artículo de Gabriela Cañas, publicado en El país
Si hay una virtud que no se le puede negar a la luxemburguesa Viviane
 Reding es la de la perseverancia. Desde que esta veterana comisaria 
europea tomó las riendas de la cartera de Justicia ha emprendido una 
dura batalla por aumentar el poder de las mujeres europeas 
incorporándolas a los consejos de administración de las grandes 
empresas. No es la única. Hay muchas organizaciones en este continente 
peleando por el mismo objetivo. Los resultados son desalentadores como, 
quizá, era de esperar, dado que, aun sin haber ganado del todo otras 
batallas, esta amenaza directamente a la cúpula del poder, allá donde ni
 un solo varón está dispuesto a ofrecer graciosamente su asiento a una 
dama. 
Por eso fracasó la primera propuesta de Reding, en marzo de 2011, 
de invitar a las grandes corporaciones a que voluntariamente tuvieran en
 cuenta la igualdad de oportunidades.
Los sistemas de cuotas, tan extendidos en nuestras democracias 
representativas para otros conceptos, no cuentan en este terreno con el 
apoyo unánime ni de los países (véase el caso alemán, que preferie de 
momento la autorregulación) ni de la sociedad en su conjunto. Y también 
es de ley admitir que hay sólidos argumentos en contra —libertad de 
empresa, meritoriaje frente a género, base legal, etc.—. 
Lo cierto es 
también que la discriminación es evidente: el 86,3% de los consejeros 
son hombres en un continente de larga trayectoria igualitaria en el que 
el 60% de los nuevos licenciados son mujeres.
Por eso, cruzarse de brazos a esperar que dentro de medio siglo se 
corrija tan injusto desequilibrio es una opción que dentro de poco 
tiempo será minoritaria en Europa. Once de los veintisiete países de la 
UE ya han legislado para forzar el cambio en un plazo algo más breve. 
Son legislaciones muy jóvenes. Muchas se han aprobado en los tres 
últimos años. Es el caso de Bélgica, Dinamarca, Francia —con resultados 
espectaculares, por cierto—, Italia, Holanda o Eslovenia. España se 
adelantó, junto a los nórdicos. Son leyes muy tímidas que han logrado, 
eso sí, acelerar las incorporaciones a los consejos, aunque a un ritmo 
muy modesto (han pasado del 11,8% al 13,7%).
Ello indica que no se pueden echar las campanas al vuelo, pero 
tampoco caer en la melancolía. La UE solo dispone de auténtico poder de 
decisión en asuntos agrícolas, comerciales y de competencia. En el 
resto, los avances se realizan con mucha convicción y más perseverancia 
con el objetivo de que, finalmente, sus tesis se abran paso a nivel 
nacional e incluso en los tratados internacionales. Véase el caso de la 
batalla contra el cambio climático y la penúltima derrota europea 
respecto a la imposición de una tasa contaminante a las compañías aéreas
 extranjeras. En igualdad, las resistencias son similares y el origen de
 las mismas se podría decir que también. Los intereses económicos, el 
sistema productivo, la costumbre... Nadie mejor que la Comisión Europea 
sabe lo que cuesta contar con mujeres. Cada cinco años Bruselas implora a
 los gobiernos que presenten candidatas y aún no ha logrado componer un 
colegio de comisarios con más de un tercio de mujeres. El impulso 
igualitario que imprimió Zapatero a la política española ha vuelto a 
decaer con Rajoy.
La nueva iniciativa de Reding está algo descafeinada para lograr que 
se abra paso, pero su propuesta más irreal es prever que sea de carácter
 temporal y expire en 2028. Dudo que para entonces y con normas tan poco
 severas tanto a nivel europeo como a nivel nacional se haya terminado 
con tan flagrante discriminación.
 
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